Summary: Producer/Host: Kathleen March Transcript: This is Kathleen March with WERU’s US-El Salvador Report. This week we continue to direct attention toward the Pacific Rim case and Salvadoran sovereignty. The report has been prepared by the University of Maine in collaboration with Radio Sumpul and US-El Salvador Sister Cities. En junio, el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) dictaminó que Pacific Rim, empresa canadiense, tiene derecho a demandar al Estado salvadoreño, por no permitirle la explotación de la mina El Dorado en Cabañas. El Salvador tiene que mostrar que su negativa a otorgar el permiso es una decisión soberana que cualquier país puede tomar, no un capricho del gobierno. La Mesa Nacional frente a la Minería Metálica condena la actitud mercenaria de empresas que, utilizando el modelo neoliberal, se aprovechan de acuerdos para extorsionar a los Estados. La Mesa exige que el gobierno canadiense deje de proteger a esta empresa y la obligue a retirar la demanda a El Salvador en el CIADI. Los modelos de liberalización comercial – la privatización de servicios y bienes públicos – fueron promocionados por los gobiernos de ARENA. Los TLCs ponen en riesgo los derechos de su población. La Mesa Nacional frente a la Minería Metálica no admite que la soberanía de El Salvador se someta a tribunales que promueven los intereses corporativos. Rechaza las negociaciones de El Salvador, para pactar un Tratado de Libre Comercio con Canadá. Que el Gobierno canadiense cese las negociaciones del TLC con El Salvador, que deje de proteger a Pacific Rim y que la obligue a retirar la demanda al El Salvador en el CIADI. Esto se dijo el 13 de junio. En un artículo reciente, el Grito Mesoamericano analiza la resistencia frente a la minería metálica en El Salvador. El movimiento es una alianza socio-ambientalista más diversa que la lucha contra la deforestación de la Finca El Espino, en la década de 1990. Hay coincidencias entre el ambientalismo, el movimiento social popular más amplio y un sector de ONGés. Como muchos países latinoamericanos, El Salvador es objetivo de compañías mineras transnacionales. Por varias décadas no hubo exploración ni explotación de minerales; en 1996 se aprobó una Ley de Minería con incentivos para los inversionistas extranjeros. Hasta 2007 se concedieron casi 30 permisos para exploración de oro y plata. Comenzó a haber preocupación por los efectos sociales y ambientales; en 2005 ya había dos focos de resistencia frente a la minería: uno en el Departamento de Chalatenango y otro en el de Cabañas. Este movimiento ha estado apoyado por ONGés muy diversas: organizaciones ambientalistas, un centro de estudios vinculado al movimiento popular, una organización para la promoción y defensa de los derechos humanos, sectores religiosos, organizaciones de apoyo a la economía popular. Forman la Mesa Nacional Frente a la Minería Metálica. Con la Mesa, creada en 2006, el movimiento ha tenido una presencia en los medios de comunicación y otros foros de las luchas populares. Ha frenado la aprobación del Estudio de Impacto Ambiental para el proyecto El Dorado, en el Departamento de Cabañas. La Pacific Rim suspendió actividades en 2008 aunque después presentó una demanda contra el Estado Salvadoreño, por medio de una filial estadounidense, apoyándose en el TLC. En Chalatenango la movilización popular fue rápida por su larga tradición de lucha organizada. En 2005, en San José Las Flores, algunos pobladores notaron la presencia de trabajadores forasteros, y pusieron en alerta a los líderes comunales. En dos meses la población estaba informada de la situación y de los riesgos de la minería. Según uno de sus líderes, es “tierra que para nosotros está bañada con sangre, y sangre de gente heroica que murió para que nosotros tuviéramos un pedazo de tierra. Vender esta tierra es traicionar esa gente”. En septiembre de 2005, pobladores de San José Las Flores y Guarjila fueron a detene[...]
